El Senado francés aprobó el viernes de forma definitiva una ley que presume legales los disparos policiales. La izquierda la llevará al Consejo Constitucional.
El Senado francés aprobó el viernes de forma definitiva una ley que presume que policías y gendarmes actúan dentro de la legalidad cuando usan sus armas de fuego, con lo que el texto completa su tramitación parlamentaria. Los senadores votaron 205 a favor y 110 en contra, según Reuters y la AFP, después de que la Asamblea Nacional respaldara el proyecto en julio. Con las nuevas normas, se presume que el agente que dispara ha actuado conforme a la ley, salvo prueba en contrario. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que la medida acabará con la detención automática de un policía o gendarme tras un disparo. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y diputados de izquierda la llaman «licencia para matar».
El Gobierno, los senadores conservadores de Los Republicanos y el partido de extrema derecha de Marine Le Pen apoyan la ley porque, según ellos, los agentes no deben ser tratados como sospechosos cada vez que disparan. La Liga Francesa de Derechos Humanos sostiene que la presunción dificultará abrir investigaciones tras disparos en controles de tráfico o durante el control de multitudes. La votación llega tras semanas de protestas estudiantiles contra la presunta brutalidad policial; la muerte de Nahel Merzouk, de 17 años, a manos de un policía en 2023 desató disturbios en todo el país. Antes del voto, el relator especial de la ONU Morris Tidball-Binz advirtió por carta a las autoridades francesas de que la ley podría alimentar la impunidad y dejar a las familias de las víctimas la carga de reunir pruebas.
Los grupos parlamentarios de izquierda anunciaron que llevarán la ley ante el Consejo Constitucional, la máxima autoridad constitucional de Francia, en un último intento de frenarla. Ese recurso bloquearía la promulgación hasta que el Consejo se pronuncie. Si el texto sale adelante, el primer cambio visible llegará en las horas posteriores a un disparo policial, cuando hasta ahora los agentes solían quedar detenidos para ser interrogados. Los activistas que protestaron el jueves ante el Senado temen el efecto contrario para las familias. Samia El Khalfaoui, cuyo sobrino Soheil murió a manos de un policía en 2021, dijo a Reuters que la búsqueda de la verdad será aún más difícil. Un informe del año pasado de la Defensora de los Derechos halló que los jóvenes percibidos como árabes, negros o norteafricanos tienen cuatro veces más probabilidades de ser parados por la policía.



