La CIJ falló el jueves por 9 votos a 6 que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás en 2017, la primera vez que la corte declara culpable a un Estado.

La Corte Internacional de Justicia dictaminó el jueves 19 de noviembre que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá en el norte del estado de Rakáin, la primera vez que el máximo tribunal de la ONU declara a un Estado responsable de ese crimen. Los jueces de La Haya votaron nueve a seis en el caso presentado por Gambia en 2019. La corte concluyó que las fuerzas de seguridad birmanas mataron a miembros del grupo, les causaron graves daños físicos y mentales e impusieron medidas para impedir los nacimientos, y que la única inferencia razonable de esa conducta era la intención de destruir una parte sustancial de los rohinyás. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio e incumplió una orden de 2020 de preservar pruebas, según resúmenes de la American Society of International Law y Just Security.

El caso se remonta a las «operaciones de limpieza» que el ejército lanzó tras los ataques de insurgentes rohinyás contra puestos de seguridad en agosto de 2017. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 10.000 personas, según analistas jurídicos que citan la sentencia, y unos 740.000 rohinyás huyeron a Bangladés, según estimaciones de la ONU. Gambia presentó la demanda en nombre de los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, y siete Estados, entre ellos Canadá, Francia y el Reino Unido, la respaldaron en las audiencias de enero de 2026. Myanmar ha descrito siempre la campaña de 2017 como una operación antiterrorista legítima. Los seis jueces disidentes, entre ellos la vicepresidenta Julia Sebutinde, sostuvieron que la mayoría aplicó un estándar de prueba más bajo que en casos anteriores y se apoyó demasiado en los informes de investigación de la ONU.

La corte ordenó a Myanmar aprobar una legislación completa contra el genocidio, investigar y procesar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición y proporcionar restitución, incluido el regreso seguro de los rohinyás desplazados. La indemnización se decidirá en un procedimiento posterior, y Myanmar deberá informar a la corte en un plazo de dos años. La CIJ no tiene medios para hacer cumplir sus fallos, y no se informó de ninguna reacción inmediata del gobierno militar que encabeza Min Aung Hlaing desde el golpe de 2021. Más de un millón de rohinyás siguen viviendo en campamentos abarrotados en Bangladés. Expertos jurídicos señalan que la sentencia podría influir en otros casos de genocidio pendientes ante la corte, incluido el de Sudáfrica contra Israel.