Una orden ejecutiva de Trump exige a los contratistas federales avisar a la Casa Blanca de cualquier consulta del Congreso o arriesgarse a perder sus contratos.
El presidente Donald Trump firmó a última hora del viernes 20 de noviembre una orden ejecutiva que obliga a todos los contratistas y subcontratistas federales a notificar a la Casa Blanca y a su agencia contratante cualquier solicitud, pendiente o futura, del Congreso sobre su trabajo con el poder ejecutivo. Según Associated Press y ABC News, las empresas deberán coordinar «respuestas apropiadas» con el Gobierno y retener toda comunicación que la Casa Blanca considere amparada por el privilegio ejecutivo. Las que no cumplan se exponen a la rescisión de sus contratos y a la suspensión o exclusión de futuros trabajos federales. La orden alcanza a decenas de miles de empresas, y la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca deberá elaborar las pautas de cumplimiento, informó ABC.
La medida llega semanas antes de que los demócratas asuman el control del Congreso en enero con la promesa de investigaciones de amplio alcance. Los contratos públicos están entre sus principales objetivos, ya que los demócratas señalan que fondos federales llegan a empresas vinculadas a la familia de Trump, sobre todo en el Pentágono. A principios de semana, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, comunicó a las agencias que sus funcionarios necesitaban la aprobación de su oficina y de la Oficina de Asuntos Legislativos antes de comparecer ante los legisladores. Una hoja informativa de la Casa Blanca presentó la orden como una protección frente a la «extralimitación del Congreso» y acusó a algunos legisladores de acosar a empresas privadas. El representante Robert Garcia, principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara, la calificó de ataque al derecho constitucional del Congreso a ejercer su control.
La orden probablemente desatará una batalla legal sobre los límites del privilegio ejecutivo, invocado por presidentes de ambos partidos pero que los tribunales nunca han considerado absoluto. Los contratistas podrían quedar atrapados entre una citación del Congreso y la amenaza de perder negocios con el Gobierno cuando los demócratas puedan exigir testimonios y documentos. Garcia ya pidió a miembros de la familia Trump y a altos cargos que conserven sus registros, mientras que Scharf respondió que los demócratas aún no pueden hacer cumplir esas peticiones porque no tienen la mayoría. Queda por ver con qué rapidez publicará la oficina de presupuesto sus directrices y si alguna empresa recurrirá la orden ante los tribunales. Garcia aseguró que los demócratas «apenas están empezando».



